Columna de opinión/Por Jhony Portilla

Hemos sido enfáticos en que la Montaña no es susceptible de ninguna actividad minera, por ello nos hemos opuesto a los trabajos realizados por la empresa canadiense Libero Cobre, la cual cuenta con 4/5 títulos mineros vigentes, de los cuales en uno de ellos ya adelantó trabajos de exploración.

El día de ayer(29 de junio) se levantó la suspensión de los títulos, los cuales mediante resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) habían determinado su suspensión por petición de la misma empresa argumentado caso fortuito o fuerza mayor.

Durante el periodo de suspensión, la empresa se burló, por un lado de la autoridad ambiental territorial (Corpoamazonia) porque a pesar de reconocer su existencia, dado que solicitó permisos menores (01/2021) y los mismos fueron negados, la empresa adelantó trabajos de exploración; desconoció a su vez la orden de la ANM, en otras palabras, su actuación fue desafiante con el Estado de Derecho y, por tanto, sus actuaciones fueron abiertamente ILEGALES.

La empresa finalmente ha reconocido la presencia de la institucionalidad, dado que decidió suspender sus trabajos de exploración en campo, no obstante, lo hizo tarde; Hoy cursa en la fiscalía 53 una investigación penal para determinar si los daños ambientales causados y acreditados, según los conceptos técnicos y el auto emitido por Corpoamazonia, fueron en el marco de la ley; Esta denuncia fue radicada por la ciudadanía y también ordenada por el Tribunal Superior de Mocoa.

La empresa en la actualidad, y bajo el nuevo contexto político del país, afirma estar en sintonía con la “transición energética”; sin embargo, olvida que el programa de gobierno elegido por la mayoría de Putumayenses y Colombianos le apuesta al cuidado, protección y conservación de la Amazonía , dada la crisis de cambio climático, y esa montaña es un ecosistema estratégico por su generación de agua y vida.

Por lo anterior, uno de los temas que tendrá que revisar el nuevo gobierno, es si permitirá la minería en las montañas de Putumayo o en su defecto, para el caso concreto, revisará el contrato de concesión minera con que cuenta esta compañía, en mi parecer, hay la pruebas suficientes para que se revise ese contrato y se determine declarar o no la caducidad del mismo, conforme el articulo 112 del Código de Minas (ley 685 de 2001).

A su vez, con base en el nuevo programa de gobierno se abre la oportunidad de que la ciudadanía tenga la última palabra a través de la CONSULTA POPULAR, figura que el presidente electo ha manifestado que defenderá y respetará la decisión democrática del pueblo.

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